En tan solo unos meses, las fuertes lluvias se han cobrado muchas vidas y han dañado y destruido infraestructuras públicas. Cerca de 2,3 millones de viviendas han quedado destruidas, principalmente en las provincias de Sind y Baluchistán.
En Baluchistán, provincia situada en el suroeste de Pakistán, fronteriza con Afganistán, el índice de inseguridad alimentaria era ya muy elevado, con un 41 % de la población en situación de crisis y emergencia (CIF). Esto se debía a varias razones, entre ellas las olas de calor del primer semestre de 2022, seguidas de fuertes lluvias monzónicas e inundaciones a partir de julio, que provocaron una desastrosa producción agrícola y grandes pérdidas de ganado. Esta catástrofe también reforzó las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria, ya que el impacto de las inundaciones en la agricultura fue especialmente grave (OCHA).
Además, desde el mes de diciembre, la gente vive en condiciones invernales difíciles, algunos sin cobijo y con lo mínimo para vestirse o alimentarse. El país, donde el 64 % de la población vive en zonas rurales y se gana la vida con la agricultura, va a tener que restablecer su equilibrio económico. La reconstrucción a largo plazo es, por tanto, una cuestión crucial para el país, pero las personas afectadas por las inundaciones también deben poder recibir ayuda inmediata para sobrevivir y crear medios de subsistencia alternativos y sostenibles. Este proceso debería incluir el refuerzo de las infraestructuras de riego y drenaje existentes, la construcción de nuevas viviendas resistentes a las inundaciones y la ayuda a los pequeños agricultores para que desarrollen prácticas más innovadoras y resistentes a los riesgos climáticos con el fin de mejorar la producción.
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